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Debido a la creciente demanda ciudadana y exigencia hacia las instituciones públicas en el país; CONEXION junto a otras organizaciones de sociedad civil como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Acción Ciudadana, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Tracoda, Proyecto Cero, DTJ, entre otros ha decidido unirse a la iniciativa de un proyecto de ley que regule la función pública para establecer una verdadera carrera administrativa del servicio público y fortalecer la modernización del estado y de este modo obtener una buena administración pública y servicios de calidad para los salvadoreños.

A pesar que la Asamblea Legislativa tiene dos proyectos de ley bajo los nombres de “Ley de la Función Pública” y “Ley de Servicio Público”, aún no se han iniciado discusión ni estudio sobre estos. Es por eso que las organizaciones firmantes de la sociedad civil consideran que existe la necesidad de contar con una ley que regula la función pública conforme a los mandatos constitucionales y las demandas ciudadanas.

El pasado 13 de febrero, las organizaciones que forman parte del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP) brindaron una conferencia que contó con la presencia de todas las partes implicadas. Las organizaciones hicieron un llamado para que los diputados de la Asamblea Legislativa estudien y discutan los proyectos de ley en sus manos y se comprometan con la pronta aprobación de un nuevo marco legal; que las organizaciones de sociedad civil se sumen a esta iniciativa para acompañar el estudio de las propuestas de ley y que la ciudadanía se involucre en este esfuerzo y exija a la Asamblea Legislativa aprobar una moderna legislación de servicio público.

El EIRFP cuenta con tres objetivos principales:

-Impulsar la discusión y pronta aprobación de un nuevo marco legal de la función pública que responda a los principios de mérito, transparencia, equidad y eficiencia.

-Incidir y acompañar el análisis técnico de propuestas que propicien las mejores condiciones para un nuevo marco jurídico de la función pública.

-Velar porque el nuevo marco jurídico se implemente de forma completa, sostenible y en un tiempo razonable.

El Equipo también pidió a las organizaciones de la sociedad civil a que acompañen dicho estudio y que promuevan una discusión inclusiva entre diferentes actores sociales. Además, hicieron un llamado a la población a que involucren en ese esfuerzo y exijan al pleno legislativo que apruebe una legislación del servicio público.

La firma de la carta de compromiso para la aprobación de un nuevo marco legal de la función pública será el 21 de febrero